INTERVENCIONES SOCIO-AMBIENTALES, PRÁCTICAS DE CUIDADO Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS¹

SOCIO-ENVIRONMENTAL INTERVENTIONS, PRACTICES OF CARE AND CONSTRUCTION OF CITIZENSHIP FROM A GENDER AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se delimitan los conceptos de prácticas de cuidado, ciudadanía e intervenciones socio-ambientales y se explicitarán las inter-relaciones que se establecen entre ellos a partir de la economía del cuidado, enmarcando las problemáticas de género en contextos de segregación socio-urbana², donde los impactos ambientales generan situaciones de injusticia y sufrimiento ambiental. Asimismo, se señala la necesidad de pensar las intervenciones socio-ambientales desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos y se establecen algunos lineamientos a tener en cuenta para la elaboración de éstas desde una mirada crítica, proponiendo algunos desafíos para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas "desde y con" las personas, colectivos y comunidades. Uno de ellos es incorporar el empoderamiento legal comunitario como eje central de las intervenciones sociales para lograr "usar, conocer y transformar el derecho" y de esta manera construir ciudadanía.

Se explicitan algunas preguntas que guían el presente artículo: ¿Qué implica pensar las intervenciones socio-ambientales, las prácticas de cuidado y la ciudadanía desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los lineamientos para las intervenciones sociales desde una mirada crítica? ¿Cómo incorporar los desafíos actuales que interpelan a la elaboración de políticas públicas "desde y con" la comunidad? ¿Por qué el empoderamiento legal comunitario se torna en el eje central de las intervenciones sociales?

Se propone la utilización del concepto de intervenciones socio-ambientales³, para caracterizar un tipo específico de intervención social que se elabora, gestiona e implementa situada y contextualizada en espacios de segregación socio espacial. En efecto, podemos entenderla como un tipo de intervención social que toma por objeto la complejidad⁴ del campo ⁵ ambiental. Las intervenciones buscan generar un cambio a partir de una situación inicial e incidir en las interacciones que realizan las personas con el ambiente promoviendo otras formas de relacionarse con los recursos naturales, mediante la construcción de sentidos y la amplificación del repertorio de acción comunitaria. De esta manera cuestiona y problematiza la racionalidad económica para proponer el pasaje a una racionalidad ambiental. Así se promueve la sustentabilidad; el compromiso con el cuidado del ambiente; la equidad; la responsabilidad compartida pero diferenciada entre Estado y sociedad; la solidaridad intergeneracional; la justicia ambiental y por lo tanto, la ampliación de ciudadanía. El eje central lo constituye el empoderamiento en derechos, y en este sentido, son un instrumento eminentemente político, vinculadas necesariamente al marco de los Derechos Humanos.

II.- APROXIMACIÓN DESDE LA ECONOMÍA DEL CUIDADO

El término Economía del cuidado funciona como categoría conceptual que permite introducir el debate en torno a las desigualdades sociales entre varones y mujeres, apareciendo el cuidado como determinante de desigualdad, éste surge dentro de la teoría feminista buscando dar cuenta de las relaciones entre la distribución y organización social del cuidado y la división sexual del trabajo (Enríquez, 2015).

Cabe destacar que el cuidado -las prácticas de cuidado⁶- se constituye en un tema central de la agenda feminista. Sin embargo en la mayoría de los países de Latinoamérica no logra traducirse en políticas públicas, por lo que son las mujeres las que aparecen sustituyendo el déficit en las políticas públicas de cuidado.⁷

Según Rodríguez Enríquez (2005) existiría una íntima relación entre las formas que una sociedad organiza el cuidado y el funcionamiento del sistema económico. Así, la economía del cuidado, coloca el eje en la centralidad que tiene el cuidado en el desarrollo de los países y cobran relevancia las cuestiones de género implicadas; siendo necesario, desde una mirada crítica, develar el valor social y económico que el cuidado genera, en tanto refiere a aquellas prácticas sociales y económicas que junto con la utilización de bienes y servicios sirven para la reproducción social cotidiana de la vida de las mujeres y hombres.

El cuidado contribuye en la producción de valor económico, sin embargo este valor no es tenido en cuenta por la economía. Al punto que se considera población inactiva a aquella que no produce bienes o servicios económicos, dentro de esta población se incluye a los que realizan actividades de cuidado de terceras personas (niños, adultos, dependientes), y todas aquellas actividades no remuneradas realizadas en el hogar como atención médica, fisiológicas y sociales (Aguirre, 2009)⁸.

En efecto, no se prevé una forma de retribución de estas prácticas, parece derivar ello de una posición familiarista⁹ y/o maternalista del cuidado, en el que las mujeres aparecen como uno de los principales recursos para la salud y la reproducción social. En torno a la existencia de éstas se han organizado una serie de derechos-deberes de cuidado y se ha naturalizado la función que deben asumir en dichas prácticas, definiéndose como lo propio femenino. Así Folbre (2001) señala críticamente que "la mujer tiene un legado: la responsabilidad en la provisión de cuidados" y este tipo de discursos suele internalizarse, naturalizarse circulando como discursos de poder.

Cabe destacar que se ha silenciado la dinámica de reproducción social y las inequidades e impactos diferenciales que se producen para las mujeres y en particular, en aquellos contextos de segregación socio-urbana y legal donde la problemáticas ambientales impactan de manera aún más desigual que en otros contextos.

Por ello es necesario considerar en el diseño de políticas públicas, y en las intervenciones socio-ambientales, los impactos diferenciales en las problemáticas ambientales que convocan a tener en cuenta las interrelaciones que se establecen entre la interseccionalidad de género, ambiente y territorio.

Diferentes autores coinciden en que los efectos del daño ambiental afecta más a las personas en situación de pobreza, debido al menor acceso a recursos y menor posibilidad de utilización de los mecanismos políticos o recursos institucionales (información, participación) y acceso a justicia (Downey, 2005; Martuzzi, Mitis & Forastiere, 2010). Dentro de este grupo las mujeres y grupos minoritarios y minorizados ven agravada su situación.

En efecto, el territorio se configuró bajo el modelo patriarcal, androcentrista, funcional a las necesidades del capitalismo, en el que se privilegiaron las actividades productivas por sobre las reproductivas, lo que llevó al ejercicio dispar del derecho a la ciudad para las mujeres y a que se invisibilicen demandas diferenciadas por género (Fenster, 2006).

Las comunidades en situación de pobreza, viven en territorios en los que se verifican injusticias o inequidades en materia social, económica, política, cultural, étnica, de género y ambiental.

Así se encuentran comunidades y recursos naturales expuestos a diferentes agentes químicos, físicos y biológicos; contaminación del suelo, aire y agua; presencia de macro y micro basurales; con insuficiencia de infraestructura urbana; inaccesibilidad al saneamiento básico (agua segura y cloacas)¹⁰.

La degradación del ambiente, "natural" o construido, se distribuye geográficamente de manera desigual en regiones que pueden componer una misma jurisdicción, con presencia de tierras contaminadas sin remediación, vivienda implantadas sobre basurales; ausencia o escasa regulación del uso del suelo; insuficiencia de mecanismos de control; insuficiencia, escasa medidas regulatorias para incidir en la reducción de exposiciones a agentes contaminantes sin implementación de procesos de adecuación o reconversión industrial; modos de vida y de trabajo insalubres en empresas, fábricas contaminantes; trabajos precarios sin cobertura explícita de salud y sin protección de la seguridad social que agravan la situación individual y colectivamente.

En este sentido los procesos salud/enfermedad/atención/cuidado se ven afectados en estos territorios, impactando de manera desigual en las poblaciones y comunidades más vulnerable, donde se incrementan significativamente los riesgos y efectos en la salud. Según Kozulj (2009) los hogares que no tienen servicios básicos como el agua, están sujetos a costos adicionales y efectos negativos en la salud (enfermedades gastrointestinales, pérdida de vida de años saludables, inasistencia escolar) y costos de oportunidades (el tiempo de acarreo de agua afecta en estos territorios más a las mujeres)¹¹.

Carrasco Rey (2004) plantea que factores como el analfabetismo, el hacinamiento, la ausencia de puestos de salud, la falta de agua potable y de servicios sanitarios y enfermedades (como TBC), se distribuyen con mayor frecuencia en los asentamientos marginales. Dichas regiones se encuentran generalmente por fuera del diseño urbano, sin integración urbana y social, donde sus normas no se cumplen y por ende tampoco las condiciones que implica el urbanismo (condiciones estructurales seguras, servicios de saneamiento suficientes, transporte eficiente, acceso a servicios de educación, justicia, sanitarios, etc.).

En efecto, diferentes actividades que desarrollan las mujeres en los territorios sin infraestructura básica incrementan considerablemente la inequidad de género. Así para Kozulj (2009), la carencia en estos territorios de acceso a fuentes modernas de energía implica que recurran a la utilización de leña para cocinar y calefaccionar; las mujeres en general son las que se ocupan de estas actividades, con el costo de oportunidades también diferencial (lo que restringe su participación en el mercado laboral y de asistencia a la escuela).

Este escenario -de desprotección- se presenta y repite en las diferentes regiones de Latinoamérica y hacia el interior de cada jurisdicción nacional, provincial y municipal, los desequilibrios e inequidades en términos ambientales, y de integración urbana y social, en los que hay ciudadanía con pleno goce de sus derechos y pre-ciudadanos o proto-ciudadanos en relación a los mismos derechos.

Por ello, se propone que la base de las intervenciones sociales tomen en cuenta los aspectos vinculados a la economía del cuidado, la perspectiva de género y derechos, pues nos permiten identificar nudos críticos que de otra manera parecerían hechos aislados o no integrados en una misma matriz: la desigualdad e inequidad que surge del modo de producción capitalista.

En estos territorios se verifica lo que Merlinsky (2013) describe como situaciones de injusticia ambiental, es decir: "formas de desigualdad que suele ser invisibilizada, en la que se concentran de manera desproporcionada los peligros ambientales en los territorios de mayor relegación social y sobre la ciudadanía con menor poder político y económico".

De esta manera, conforme se expresan las problemáticas ambientales, se presentan en el paisaje urbano e impactan y se formulan de manera desigual en los derechos y en la salud de las mujeres y niñas, y grupos minoritarios, las mismas gozan y acceden de manera diferencial a los recursos naturales, culturales y al ambiente. Así, las mujeres en situación de pobreza, vivencian múltiples situaciones de vulnerabilidad (ambiental, social, económica, sanitaria), y están expuestas a múltiples situaciones de discriminación¹² (de género, clase, etnia, nacionalidad, pertenencia religiosa). En este mismo sentido, el Comité de la CEDAW considera que la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a las mujeres, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género (CEDAW, 2010; Aristegui & Vázquez, 2013). En coincidencia, la CEPAL (2016) considera que las desigualdades raciales y étnicas se entrecruzan e inter-relacionan con las desigualdades de género, estableciéndose brechas que aumentan la vulnerabilidad de un colectivo social. Igualmente, Breilh (1996) considera que las inequidades hacia las mujeres se plantean en términos no sólo de género, sino sociales y étnicas y tiene su génesis en la acumulación y distribución de poder, operando como determinantes estructurales de la desigualdad social.

Por eso es necesaria la incorporación de la perspectiva de género, en particular la interseccionalidad de género en el análisis de Derechos Humanos, ambiente y territorio, pues implica, por un lado, poder profundizar en las dinámicas que generan las desigualdades o exclusiones; y por el otro, comprender las desigualdades sociales como emergente de esas interrelaciones. De esta manera resulta necesario no sólo analizar las consecuencias, sino indagar sobre los procesos que generan las exclusiones y restricciones a la ciudadanía. En este sentido, Castel (2010) convoca a recuperar la lógica a partir de la cual los "in" producen los "out", reconstruyendo el continuo de posiciones que vinculan los excluidos con los incluidos de la ciudadanía.

Buckingham (2010) considera que el análisis de género debe estar incorporado en todo debate sobre Derechos Humanos, siendo ello imprescindible, pues es la dimensión que permitiría examinar a fondo las desigualdades que existen.

Como ya fue mencionado, es en relación a las mujeres en situación de pobreza donde preponderantemente se verifican con mayor intensidad los efectos del deterioro ambiental (Imnujeres, 2008) y paradójicamente es a quiénes se les asignan mayores expectativas en la lucha contra el cambio climático, sin que estén garantizadas las condiciones materiales de supervivencia ni de desarrollo, o vinculadas con la capacidad de agencia de éstas (Echegoyemberry, 2017).

Resulta relevante señalar que a pesar de la relevancia de la dimensión de género, aún es escasa la producción de conocimiento e indicadores que den cuenta de las relaciones de género vinculadas con el ambiente (calidad, cantidad, uniformidad). Así, se considera que el conocimiento sobre los procesos de gestión, cambios ambientales y el conocimiento acerca de la situación de las mujeres y los hombres en materia de sustentabilidad y el peso que tienen las relaciones de género en estos procesos, es insuficiente, sumado a la carencia de información estadística que muestren el impacto diferenciado, y las asimetrías de género en el acceso y uso de los recursos naturales y los impactos diferenciados por sexo de las problemáticas ambientales (Inmujeres, 2008). Asimismo, se considera que ha tenido poca importancia en la formulación de planes y programas públicos la articulación género y medio ambiente, y ésta vinculación aún se mantiene lateral en las políticas de desarrollo (Nieves Rico, 1998).

Como fue expresado con anterioridad, son las mujeres que están en situación de pobreza las que ven limitada su autonomía, y restringida su ciudadanía: con menor o escasa participación en los espacios de decisión y gestión, desigual acceso a un trabajo formal, si llegan a acceder lo hacen con modalidades de contratación precarias, sin protección de la seguridad social, sin acceso a la propiedad de la tierra, al goce los de los productos y menor acceso a la educación formal¹³.

La desigualdad de género es considerada uno de los factores más importantes que incrementa la vulnerabilidad social de las mujeres frente al cambio climático. En efecto, según señala Naciones Unidas (2007) las mujeres se ven más afectadas por el cambio climático (PNUD, 2007).

Se puede mencionar, que en América latina se da un fenómeno de aumento de la feminidad en los hogares pobres, donde las mujeres tiene más bajos ingresos y son las mujeres (jefas de hogar) las titulares la mayoría de las transferencias no contributivas de parte del Estado (CEPAL; 2016ª, 2016b).

El no acceso de las mujeres a un trabajo remunerado las excluye como sujeto de derechos y las priva de acceso a protección social, en este sentido la pérdida del estatus de trabajador/a, o no alcanzarlo nunca, priva a las personas de trabajo, pero también de uno de los principales modos de realización, y de las condiciones materiales y simbólicas para realizarse (Castel, 2010).

La CEPAL (2016a) halló que la diferencia en la participación laboral de las mujeres, permite explicar que el porcentaje de mujeres sin ingresos propios se triplica en relación a los hombres. También es significativa la brecha entre los ingresos laborales por sexo en gran parte de los países de la región, y que las desigualdades étnicas potencian las desventajas (CEPAL, 2014a).

En diferentes estudios se encontró que el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en la esfera doméstica limita la autonomía, como así también, ven cercenados sus derechos en cuanto al menor disfrute de tiempo libre, recreación y ocio.

En este sentido se pudo corroborar que las mujeres realizan un mínimo del 60% de la carga total de trabajo no remunerado (CEPAL, 2016). Así aparecen las mujeres sustituyendo el déficit de las políticas públicas de género y en particular las políticas sobre cuidados. Pautassi (2007) considera que la autonomía de la mujer y la ciudadanía de quienes cuidan se ven afectadas por la falta de debate público sobre normas, servicios y recursos que la sociedad está dispuesta a asegurar para garantizar el cuidado. El modo de producción se mantiene y reproduce, a costa de no remunerar la actividad que realiza la familia y en particular la mujer (Salvador, 2007). Se genera un valor económico no reconocido, ni retribuido e impide a su vez, la búsqueda y el mantenimiento de un trabajo remunerado (Enríquez, 2015).

Diferentes estudios dan cuenta cómo son las mujeres en situación de pobreza, la que entre otros aspectos ven limitada la accesibilidad al sistema de salud por la existencia de diferentes barreras: simbólicas, administrativas, económicas, geográficas (Comes, Solitario, Garbus, 2006). Esta situación de negación de derechos se expresa en lo cotidiano de los servicios de salud, como una situación de "peregrinación". En efecto según Fleury (2003, 2013) este concepto "revela no sólo el sufrimiento de los pacientes en busca de accesos, sino la humillación frente a la negación del derecho y la irresponsabilidad pública de los diferentes operadores de la salud que remiten el problema a la búsqueda de una solución individual, fuera del contrato colectivo de la ciudadanía" (2003: 17).

Cabe destacar que las desigualdades y discriminaciones de género se expresan en la salud de las mujeres y niñas. Tajer (2009a) encontró que el género juega un papel fundamental en las enfermedades, así por ejemplo en relación con las cardiopatías isquémicas, halló que hay inequidad en la atención para las mujeres, éstas son las peor atendidas y presentan mayor mortalidad en todas las edades en relación a esta patología. También hay una afectación en la salud mental de las mujeres, por un aumento de cuadros de depresión, debido al impacto psíquico de vivir un rol social subordinado (Tajer, 2009b, 2004). Sin embargo estos factores no suelen ser relacionados con la estructura social que los produce, sino que son vivenciados como problemáticas individuales -intrapsíquicas- de cada una de las mujeres. Es dable señalar la necesidad de situar los problemas de género y ambiente en la estructura social, y en particular, dentro del modo de producción capitalista.

Las inequidades no sólo se expresan en las formas de enfermar, sino también en las formas de morir. En efecto, la capacidad de respuesta de las mujeres ante un desastre natural se ve limitada por situaciones como la falta información, acceso a tecnologías, responsabilidad en el cuidado de otros. La situación social previa al desastre, en el caso de las mujeres, incrementa considerablemente los riesgos e impactos en su salud. Por ello, han encontrado que las mujeres son más vulnerables a los eventos naturales más extremos. Así, las mujeres y los niños tienen 14 veces más posibilidades de perecer en un desastre natural (Inmujeres, 2008). Pero esta vulnerabilidad no acontece por su propia naturaleza, no es interna, sino que deviene de procesos previos de los que pocas investigaciones se han ocupado. A nuestro entender las condiciones adversas para la salud y la vida de las mujeres y niñas ya preexisten a la ocurrencia del evento adverso. Por ello Natenzón (1995) plantea la necesidad de analizar la estructura social previa a la ocurrencia del "desastre natural", pues es ésta la que demarcará las consecuencias y alcances de la catástrofe y mediará las posibilidades de respuestas.

En igual sentido Wilches Chaux (1989) considera que las comunidades con mayor integración social, son menos vulnerables y pueden responder mejor las consecuencias de un desastre. De esta manera el desastre natural se presenta como un fenómeno social asociado con el de vulnerabilidad social, dentro de la que se inscribe el género (interseccionalidad).

Dentro de las consecuencias políticas nos encontramos ante una clara reducción y restricción de ciudadanía de las mujeres, quienes ven afectado el pleno ejercicio de derechos individuales, sociales, económicos, políticos, culturales en igualdad de condiciones que los hombres. Así son las instituciones, como la familia particularmente, y a través del establecimiento de las relaciones de género, las que contribuyen a la explotación de las mujeres y a la reproducción social de la fuerza de trabajo. Las mujeres soportan una triple carga: trabajo asalariado, trabajo doméstico y de cuidado de los hijos y personas con discapacidad o dependientes (Iriart, Waitzkin, Breilh y Merhy, 2002).

Para Bourdieu (2011) el orden social tiende a ratificar la dominación masculina, apoyándose en la división sexual del trabajo, y asignando actividades, lugares y oportunidades en función del sexo. Así aparece la diferencia sexual entre hombres y mujeres como justificante de la diferencia social y aparece lo masculino como la medida de todo.

De esta manera, el cuidado es una práctica social que se ha asignado tempranamente a las mujeres, y luego se ha objetivado, interiorizado, y naturalizado como actividad propia femenina, resultando en una pauta de expectativa de lo esperable. Podemos destacar que el género, en tanto construcción social e histórica, se convierte en pautas de expectativas, establece lo que se espera (o no), conforma el orden social y simbólico de las personas (Bourdieu, 2011) y a su vez, opera como un factor de riesgo y de inequidades (Cardaci, 2006).

La falta de políticas públicas de género afecta el ejercicio de derechos en paridad de condiciones con los hombres, e impactan de manera diferencial en las mujeres, como ya fue señalado anteriormente, constituyen: "ciudadanías de baja intensidad", "ciudadanías limitadas", "ciudadanía por defectos".

Lo antes dicho ilustra cómo en una misma sociedad pueden plantearse hacia el interior de ella situaciones de personas que gozan de todas las credenciales de ciudadanía y personas a las que se le es negado o se le habilita el goce de ciudadanía sólo de manera pasiva, o se traduce en un aspecto la ciudadanía: como ciudadanía electoral (sólo elegir representantes), o se constituye de manera diferencial (mujeres, pueblos originarios, personas trans, grupos étnicos minoritarios o minorizados, migrantes). Situaciones en las que las personas pueden verse segregadas, excluidas de los derechos de ciudadanía y de espacios públicos de decisión y poder, con menos oportunidades en el acceso y control de recursos (materiales y simbólicos) para el pleno ejercicio de la ciudadanía (Ranciere, 1995).

Balibar (2013) considera que en la práctica se dan una serie de graduaciones en la ciudadanía activa que configura ciudadanías disminuidas o ciudadanías de segunda clase, excluídos/as, éstos no están sólo excluidos del estatus de ciudadanía, sino también excluídos/as de capacidad y poder. Cabe destacar, que en la dinámica de inclusión y exclusión entra en escena los sujetos, y con ello las relaciones entre los sujetos y las relaciones de fuerza que se ejercen tanto por las instituciones y aparatos de poder como por los sujetos individuales y colectivos. Para este autor, son también los que se "imagina" o "se saben" ciudadanos los que producen a "los no ciudadanos", pues en este proceso se afirman su identidad, "el nosotros". Por ello, para este autor la inclusión de los no ciudadanos, será posible mediante procesos para democratizar las instituciones por un lado, pero también mediante un trabajo de la ciudadanía con ella misma (Balibar, 2013: 211).

Cabe señalar que existen diferentes definiciones y concepciones acerca de la ciudadanía; quiénes, qué derechos incluye, qué rol le cabe al estado frente a ellos y cómo llegan a ser reconocidos e implementados. La ciudadanía otorga un estatus legal a las personas, se integra de un conjunto de derechos pero también con conjunto de responsabilidades, la ciudadanía es una construcción jurídica, además de social, política e ideológica, a la que se llega. En este sentido, se puede mencionar que la ciudadanía no resulta natural, sino que debe ser constituida, configurada y construida. Por ello, cobran relevancia las intervenciones socio-ambientales¹⁴ dado que tienen potencialidad de constituir ciudadanía, o negarla mediante prácticas que cercenan derechos.

En este sentido cada concepción de ciudadanía surgió en un determinado contexto histórico y debe ser leída como emergente de procesos económicos y sociales complejos (Heather, 1990).

III.- LAS INTERVENCIONES SOCIO-AMBIENTALES DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

Consideramos relevante señalar que quienes formulen intervenciones tienen que conocer los paradigmas en los que se asienta el sistema jurídico, el techo ideológico de la constitución nacional, los valores que promueve (o no), la idea de bienestar, la noción de interdependencia de derechos humanos, de justicia ambiental y de ciudadanía que sostiene el Estado o debería sostener. Debe preguntar y preguntarse sobre las formas en las que el Estado organiza la participación social; qué jerarquía tiene la educación ambiental; la educación legal, cómo se encuentra regulado el acceso a la información; qué garantías y mecanismos nacionales o supranacionales son accesibles para la protección de los derechos; a quiénes incluye y excluye; quiénes son los garantes; quiénes tienen responsabilidad o mandato para la restitución de derechos que pudieran estar siendo vulnerados; quiénes serán aliados; qué rol desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los académicos; cuáles son las políticas públicas que en otros contextos han servido para resolver un problema similar; qué rol han asumido las comunidades en la resolución de un conflicto, entre otras preguntas que deben funcionar como previas al diseño de una intervención participativa (Unsain, Echegoyemberry, 2017).

Así las intervenciones socio-ambientales, en tanto se plantean como estrategias para la ciudadanía, no pueden ser ajenas al marco conceptual de los Derechos Humanos que las condiciona y posibilita. De esta manera las intervenciones no pueden ser una actividad escindida del Estado, de los organismos y agencias responsables.

Siguiendo a Abramovich (2004), el enfoque de derechos no toma como punto de partida la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, "sino sujetos con derecho a requerir determinadas acciones, prestaciones y conductas (…) Los derechos establecen obligaciones correlativas y éstas requieren mecanismos de exigibilidad y responsabilidad". Por ello, en esta perspectiva se direccionan las acciones hacia el otorgamiento de poder por vía del reconocimiento de derechos. Así, entender desde el enfoque de derechos implica que "el establecimientos de mecanismos de tutela, garantía y responsabilidad (Abramovich, 2004: 11). En este enfoque los derechos tienen no sólo una dimensión individual, sino colectiva. Instando y obligando a los estados a priorizar acciones, estrategias dirigidas hacia grupos más vulnerados.

Se puede mencionar que algunos programas en los que el enfoque de derechos humanos se caracteriza por aplicar tanto principios transversales como específicos, a saber son: 1)perspectiva de género; 2)empoderamiento; 3)reconocimiento del marco normativo de derechos humanos nacional e internacional; 4)responsabilidad; 5)respeto a la diferencia a la diversidad; 6)igualdad y no discriminación; 7)intergubernamentalidad; 8)intersectorialidad; 9)participación e inclusión; 10)coordinación y articulación; 11)territorialidad; 12)efectividad; 13)sustentabilidad; 14)exigibilidad y justiciabilidad; 15)realización progresiva, indicadores y puntos de referencia; 16)máximo uso de recursos disponibles, y 17)transparencia y rendición de cuentas (Programa de Derechos Humanos del Distrito federal de México).

El enfoque de derechos humanos nos insta y orienta en la elaboración de las políticas públicas a partir de pensar estrategias que contemplen la igualdad social (o cultural), la discriminación positiva, la participación y el empoderamiento (IPPDH, 2014: 3). El enfoque de derechos humanos plantea "la centralidad del principio de igualdad y no discriminación como horizonte de intervenciones estatales".

Cabe destacar que el marco internacional de los derechos Humanos dota a las Intervenciones socio-ambientales de una orientación imprescindible para revertir las situaciones de injusticia, pues como bien señala Gándara Carballido (2013:13) los derechos humanos aparecen como el resultado de las luchas populares, que pueden minimizar las asimetrías que posibilitan los abusos, no como concesiones estatales, sino por la participación de quienes reconocen en sus vidas situaciones indignas que deben ser revertidas. Actualmente, Herrera Flores refiere a la necesidad de "reinventar los derechos humanos" desde una reapropiación del concepto en un marco de pensamiento crítico (…) en el sentido de mostrar a éstos como resultados de procesos sociales, económicos, políticos y culturales (…) sirviendo de matriz a nuevas prácticas sociales que se rebelen contra el orden social injusto (Herrera Flores, 1989, en Gándara Carballido, 2013:12).

De ahí la importancia de las intervenciones socio-ambientales aborden una perspectiva desde la integralidad e interdependencia de los derechos humanos (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), teniendo en cuenta la transversalidad de género, y utilizando el empoderamiento legal comunitario (como forma de estar "con y en" las comunidades). Las intervenciones no pueden ser de tipo aislada, descontextualizada, asistencialistas, individuales, sino que deben ser pensadas dentro de un proceso social y colectivo más amplio, surgidas en los territorios mismos donde los derechos están siendo negados y en los que no se encuentran canales institucionalizados de participación social.

De esta manera, el enfoque de derechos y justicia ambiental impide tomar al ambiente y los derechos como mercancía, bien de consumo, privado, disponible, enajenable y negociable por los sujetos (estatales o la sociedad civil). En este enfoque los bienes comunes y la ciudadanía son los ejes centrales a partir de los cuales se debe trabajar desde las políticas públicas, la educación y comunicación ambiental (Echegoyemberry, Unsain, 2017).

Consideramos que las intervenciones socio-ambientales deben estar fundadas en una ética que busca la exigibilidad de derechos, el reconocimiento y legitimación de las comunidades como actores claves en sus procesos de lucha por una vida digna y la contribución a la supresión de los determinantes que condicionan sus posibilidades de desarrollo presente y futura.

Así las intervenciones socio-ambientales se presentan como una herramienta estratégica para la redistribución del poder y en consecuencia, la constitución de ciudadanía no sólo presente sino futura.

IV.- VISIÓN CRÍTICA: DE UNA RACIONALIDAD ECONÓMICA A UNA RACIONALIDAD AMBIENTAL

En este apartado se presentan brevemente los postulados de una mirada crítica desde la cual se intenta reflexionar sobre algunos engranajes en los cuales se asienta el modelo económico y cultural dominante. Este enfoque requiere de las intervenciones socio-ambientales un pasaje de una racionalidad económica a una racionalidad ambiental, pues "genera una reorganización de la producción basada en el potencial productivo de la naturaleza, el poder de la ciencia y la tecnología modernas, y los procesos de significación que definen identidades culturales y sentidos existenciales de los pueblos en formas diversas de relación entre los seres humanos y la naturaleza" (Leff, 1998: 35).

Las intervenciones socio-ambientales tienen el deber de cuestionar y criticar la racionalidad económica, la idea dominante de progreso y de crecimiento desde la lógica del mercado.

Del mismo modo se convoca a adoptar una mirada sistémica, en la que se pueda dar cuenta de las interacciones de las partes y la emergencia de sentidos sin avasallamiento de algún sentido sobre otro y propiciando diversos modos de transitar el camino hacia un desarrollo sustentable.

Así las intervenciones socio-ambientales deberán repensarse a cada paso para no quedar atrapadas en la lógica del mercado y ofertar al ambiente como un objeto más de consumo al servicio del hombre, contrariando el enfoque de Derechos.

Frente a la necesidad de avanzar hacia un nuevo modo de relacionarnos con la naturaleza y limitar su explotación insostenible por parte del mercado global, en el que las mujeres y niñas soportan los impactos diferenciales, fueron surgiendo diversas metodologías de gestión asociada con la intervención de los actores involucrados, entre las que cabe destacar la desarrollada por Ostron (1995, 2011) quien propuso incrementar la participación de la ciudadanía en la autogestión y gobierno de los bienes de uso común para lograr un mayor control democrático que garantice la equidad en el acceso y uso de los mismos.

En este contexto se asumirá el compromiso ético, estético y político de alentar nuevos conceptos de bienestar y de desarrollo que propicien estilos de vida sustentable y modos de producción acordes con una racionalidad ambiental.

Bajo esta premisa, es dable destacar la noción del buen vivir¹⁵, concepto que cuenta con rango constitucional en algunos países de la región y que conjuga tres elementos centrales: desarrollo armónico con uno mismo (identidad), con la sociedad (equidad) y con la naturaleza (sostenibilidad) (Cubillo Guevara, Hidalgo Capitán, 2015; Acosta, 2010).

En este sentido cada comunidad puede concretar el significado de su propio bienestar, y es allí donde recae el principal aporte de las intervenciones sociales en tanto herramienta central para guiar estos procesos, enmarcada en los principios de equidad social y sostenibilidad ambiental.

De esta manera se espera que las intervenciones socio-ambientales coadyuven y aporten al (re)conocimiento y legitimación para la constitución de ciudadanía ambiental, en consonancia con el enfoque de derechos. La ciudadanía ambiental no puede constituirse sino sobre la base del reconocimiento de la interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

A continuación, se postulan algunas características y lineamientos a seguir para las intervenciones socio-ambientales, y se postulan los desafíos y oportunidades a recorrer para la constitución de ciudadanía y justicia ambiental desde una perspectiva de derechos humanos.

V.-ALGUNOS LINEAMIENTOS BÁSICOS QUE GUÍAN LAS INTERVENCIONES SOCIO-AMBIENTALES:

Se considera que los lineamientos presentados son transversales a todas las instancias de trabajo (diagnóstico, elaboración, implementación, evaluación, monitoreo, rediseño).

Las Intervenciones Socio-Ambientales (ISA) se presentan no sólo en un sentido instrumental, sino como dimensiones estratégicas que intervienen en la construcción de sentidos.

Como fue mencionado anteriormente, las ISA toman como objeto de intervención la interrelación el campo ambiental. Al ser el ambiente un objeto complejo, implica asumir que es un sistema en el que no rige una lógica lineal de determinación (de causa efecto) sino la circularidad, la recurrencia, la retroalimentación, la borrosidad de los límites espacio-temporales, el desorden y la incertidumbre (Morín, 2001). Esta condición demanda de las intervenciones socio-ambientales impulsar un diálogo de saberes (Leff, 2002) que permita convocar al entrecruzamiento entre el saber técnico, político y comunitario generando un corpus de conocimiento que no pertenece a ningún actor en particular.

La primera afirmación -el ambiente es un objeto complejo- lleva a proponer una metodología propia para estos objetos. Así, Almeida Filho (2008) sostiene la necesidad de la transdisciplina para el abordaje de los objetos complejos, la cual permitiría una respuesta integradora de diferentes saberes e implicaría la construcción conjunta de un problema, habilitando una construcción del objeto desde la polisemia de los entrecruzamientos discursivos disciplinares.

Así en intervenciones dirigidas a la comunidad en general, intervendrá desde la etapa diagnóstica convocando a los actores involucrados en la definición participativa del problema, el cual no puede ceñirse únicamente al saber experto excluyendo las perspectivas de quienes lo viven a diario. Por ello se destaca la necesidad de diseñar procesos que permitan una genuina participación social en esta etapa, contemplando la provisión de información adecuada, oportuna, el acceso a la misma así como la adecuación de esos contenidos a diferentes contextos étnicos, culturales y sociales¹⁶ (Unsain, Echegoyemberry, 2017).

Involucrar a las comunidades implicadas en la etapa de diseño de una intervención sobre los bienes comunes, permitirá, además de abordar el problema desde sus diversas perspectivas y aristas, aproximar caminos posibles para su resolución y analizar los móviles detrás de cada valoración. Estos encuentros, dejarán permear a su vez las aspiraciones del grupo, sus intereses, posiciones, deseos e ideas de bienestar, seguridad, y develará conflictos y luchas.

Un error frecuente cuando se carece de este diagnóstico participativo es que se tiende a homogeneizar la mirada hacia una comunidad ficticia (sin distinguir heterogeneidad hacia el interior de una categoría, colectivo, o comunidad). ¹⁷

Conjuntamente con el enfoque de derechos las intervenciones socio-ambientales tienen que incorporar la interculturalidad e interseccionalidad de género, lo cual implica comprender el territorio desde las prácticas sociales y sentidos que se despliegan en él, dando cuenta de las diferencias y vulnerabilidades que surgen en términos de género, etnia, nacionalidad, situación migratoria, edad, entre otros.

Esta mirada holística plasmada en una intervención, habilitará actuaciones ampliadas de las comunidades coherentes con lo propuesto en los mensajes de tipo operativo, evitando al mismo tiempo "acciones compensatorias" producto de mensajes simplistas y parciales¹⁸

En este mismo sentido es importante que la intervención pueda visibilizar la responsabilidad compartida pero diferenciada entre los distintos actores en la mitigación de los impactos ambientales, especialmente con la finalidad de evitar la apatía que puede provocar el recargar a cada persona en particular con el peso de los desafíos pendientes.

Desde esta perspectiva resulta efectivo también destacar el poder que tienen las acciones agregadas para generar un cambio positivo, y la educación y comunicación debe tender a empoderar y fortalecer a las comunidades, resaltando aspectos como la resiliencia comunitaria, potenciar aspectos salugénicos así como legitimar prácticas de autocuidado que realiza la comunidad para resolver sus principales problemas, en términos reales o imaginarios.

Tanto la visión estética, como ética y política son ejes ineludibles en todo abordaje que se realice. Y aquí, es fundante propiciar la apreciación de la belleza inherente a los distintos ecosistemas, como condición necesaria para impulsar acciones de cuidado y conservación, cuyo primer paso será la posibilidad de conocer y vivenciar el valor de nuestro entorno. Esto, sin caer en una folkclorización del ambiente, o en una visión esencialista o paisajística de lo natural, que desestime las mediaciones culturales e históricas de un paisaje construido.

Otro aspecto a emprender desde las intervenciones está vinculado con el empoderamiento comunitario, entendiéndolo como el proceso por el que los individuos y colectivos adquieren mayor poder sobre las condiciones y determinantes de sus condiciones de vida. Este proceso, en su vertiente social, "más que mejorar la información e inducir comportamientos, debe estimular la reflexión crítica y la capacidad de intervención y cogestión de los problemas sociales por parte de los individuos y colectivos" (Resende Carvalho, 2008), sin desatender, a nuestro criterio, la responsabilidad ineludible que le cabe al Estado frente a los principales problemas. El empoderamiento legal comunitario permite ampliar el repertorio de acción de las comunidades.

Cabe destacar que las ISA deben promover el empoderamiento legal, pues éstas permiten establecer las prioridades con base en la comunidad; diseñar estrategias para la integración urbana; definir un modelo de bienestar y para incidir en los patrones de consumo y de producción sustentable; sirve para organizar relaciones de interdependencia en pos de la autogestión y autogobierno de los bienes comunes; fundamentalmente para definir de manera constructiva el buen vivir (sumak kawsay) de las comunidades locales (Viteri, 2000; Acosta, 2010; Cubillo Guevara & Hidalgo Capitán, 2015); para reafirmar una sustentabilidad fuerte, y para delinear una identidad ambiental como medio para vehiculizar la demandas.

En este sentido, la intervención social se constituye como una herramienta de construcción de ciudadanía y de control de la gestión pública ambiental, permite achicar las grietas de la ciudadanía entre: los derechos consagrados y su implementación, permite la confrontación entre el plano jurídico formal - de igualdad- y la desigualdad de vivir en territorios caracterizados por la segregación socio-urbana y legal.

Otro de los lineamientos fundamentales, que a su vez se constituye en un verdadero desafío a emprender en el trabajo territorial, es poder pensar las intervenciones "desde y con" las comunidades, de manera simétrica, dialógica, tanto en las instancias de diseño, elaboración, implementación, evaluación, monitoreo, y el rediseño de políticas públicas. Lo que implicará la readecuación de procesos, contenidos y formatos para generar una legítima participación y discusión.

En este sentido la participación social y el empoderamiento legal crea las condiciones para que se desencadenen procesos de inclusión y de ampliación de ciudadanía, de reconocimiento y efectividad de los derechos existentes, por lo tanto permite achicar las grietas de la ciudadanía (Echegoyemberry, 2017).

De esta manera, no alcanza con que los ciudadanos tengan derechos sino que participen y ejerzan sus derechos en espacios públicos y puedan incidir en las agendas locales.

Si bien las problemáticas ambientales tienen un carácter global resulta conveniente representarlas de acuerdo a su manifestación local, relevando y respetando las dinámicas sociales presentes en la comunidad afectada, en toda su diversidad, en pos de generar mayor identificación y relevancia, sin perder de vista la desigual distribución de recursos y la inequidad en la internacionalización o globalización de los costos ambientales, que tienen mayor impacto en los países menos industrializados, y hacia el interior de éstos en las comunidades más vulnerables.

VI.- DESAFÍOS PARA LAS INTERVENCIONES SOCIO-AMBIENTALES DISEÑADAS "DESDE Y CON" LAS COMUNIDADES

A continuación se mencionan algunas condiciones o desafíos para que las intervenciones sociales pueden funcionar como herramientas eminentemente política de inclusión, la precondición es que éstas surjan "desde y con" las comunidades.

En efecto, las ISA pueden ser consideradas una herramienta política cuando el cambio que se proponen tienda:

Den cuenta de la heterogeneidad y de las diferencias en términos de clase social, etnia, edad, sexo, situación migratoria, identidad, expresión, orientación sexual, entre otras que pueden colocar a las personas, colectivos o grupos sociales en una situación de particular vulnerabilidad, reconociendo la pluralidad de inscripciones identitarias a partir del derecho a las diferencias.

VI.- A MODO DE CONCLUSIÓN:

Se ha enfatizado en la necesidad de pensar las intervenciones socio-ambientales, las prácticas de cuidado y la ciudadanía desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos.

Asimismo se explicitaron algunos lineamientos a tener en cuenta para la elaboración de las intervenciones sociales desde una mirada crítica, proponiendo algunos desafíos para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas "desde y con" las comunidades. También se mencionaron algunas condiciones en las que las intervenciones sociales pueden funcionar como herramientas eminentemente políticas para la inclusión.

También conforme fue señalado, el déficit de las políticas públicas en el cuidado no puede ni debe ser subsanado por la actividad de las mujeres, fue señalado cómo este déficit genera impactos diferenciales que se expresan en las problemáticas ambientales para las mujeres. Por ello, debemos re-pensar los roles de cuidado, de-construirlos, desnaturalizarlos, desde una dimensión ética del cuidado que incluya las mujeres como sujeto de derecho, contemplando: la equidad frente a la carga o dependencia; la forma de retribución en el ámbito doméstico; la reasignación de responsabilidades, el reparto y la retribución equitativa de tareas y actividades de cuidado; incorporando fundamentalmente la responsabilidad del Estado en el diseño, implementación de un sistema de cuidados.

Además se resalta la necesidad que las políticas públicas y las intervenciones socio-ambientales puedan abordar los impactos diferenciales que se generan a partir de situaciones de injusticia ambiental, teniendo en cuenta la inscripción territorial, y de género, pues éstas condicionan las perspectivas de desarrollo, el vivir y morir de personas, colectivos y comunidades.

Las desigualdades, las inequidades, las brechas sanitarias, sociales, culturales, económicas configuran grietas en la ciudadanía, pues se constituyen como restricciones, limitaciones e incluso negaciones de Derechos Humanos fundamentales. Revertirlas requiere de una decisión política coherente y consistente con los valores y principios de un estado de derecho.

Por ello se propone que la base de las intervenciones sociales tomen en cuenta los aspectos vinculados a la economía del cuidado, la perspectiva de género y derechos humanos, pues nos permiten identificar nudos críticos que de otra manera parecerían hechos aislados o no integrados en una misma matriz: la desigualdad e inequidad que surge del mismo modo de producción capitalista.

Por todo lo anterior, las intervenciones socio-ambientales nos interpelan siempre a asumir una posición ética, estética y política, es decir entender lo (bueno, lo bello, lo justo) como parte del campo disciplinar.

VII.- BIBLIOGRAFÍA: