Las Cajas de Ahorro Comunitario como Alternativa para Financiar a las Empresas del Sector Rural: Una Propuesta desde la Teoría

Introducción

El Sistema Financiero Mexicano, dentro de algunas de sus funciones, se encarga de acercar recursos de los ahorradores a las personas que los requieren para que estos sean utilizados en diversas actividades, entre ellas, producir y consumir (BANXICO, 2023). Es aquí donde las empresas pueden tener acceso a esos recursos mediante la solicitud de créditos, utilizándolos como una forma de financiar algunas de las actividades necesarias, comprar maquinaria nueva o ampliar la producción, por ejemplo.

En las últimas décadas se han hecho numerosos esfuerzos en México, desde instituciones públicas y privadas, para promover un sistema financiero más incluyente (Heimann y Gómez, 2009). Se ha potenciado la creación de redes de corresponsales bancarios, la inversión en plataformas tecnológicas compartidas e implementado programas de subsidios públicos para la ampliación del microcrédito (Morfín, 2009).

De acuerdo con los datos reportados en el 2022 por la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), para el 2021 el 47 % de las empresas habían solicitado algún tipo de crédito para el desarrollo de sus actividades. Sin olvidar que debido a la pandemia COVID-19 el número de empresas solicitantes no alcanzó el 50 %. La Banca Comercial sigue siendo la fuente de financiamiento más conocida por las empresas (Figura 1), pero esto no significa que sea la más utilizada. Es importante resaltar que las instituciones de financiamiento colectivo son las menos conocidas.

“El informe oficial del proyecto de inclusión financiera en 2020 del Centro para la Inclusión Financiera en Acción Internacional, menciona que permanece una necesidad insatisfecha de servicios financieros en México” (CIF, 2009), lo mismo que concluyó el Banco Mundial (Reddy et al., 2013), mencionando que a pesar de un fuerte aumento en la disponibilidad de productos y servicios financieros en los últimos años, la inclusión financiera continúa siendo un reto en México. El principal desafío está en que si aumenta la disponibilidad de productos y servicios financieros, la integración a algún tipo de crédito o servicio financiero también debe aumentar. Las empresas siguen recurriendo a sus propios recursos para solventar sus operaciones (Tabla 1).

De manera general, el sector empresarial en México mantiene en funcionamiento a la economía, particularmente las PyMES son un pilar fundamental del desarrollo económico al generar riqueza y ser entes dinámicos que identifican, explotan y desarrollan nuevas actividades productivas (Delfín y Acosta, 2016).

En el caso de las empresas del sector rural, su importancia se fundamenta principalmente en la contribución que hacen al desarrollo de la región donde realizan sus actividades, regiones con ingresos más bajos, generalmente. Uno de los retos más relevantes para cualquier economía es la creación de empleos, esto se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales dentro del sector rural, además de nuevas expectativas ligadas a la economía social y a las pequeñas y medianas empresas, a través del conocimiento del territorio y a la práctica del desarrollo local (Márquez, 2002). Actualmente, las mujeres son más de un tercio de las personas involucradas en la actividad empresarial del mundo. Este fenómeno no ha quedado exento en Latinoamérica y se observa cómo la mujer toma un rol cada vez más importante en la generación de nuevas empresas. La actividad emprendedora de las mujeres es diversa y abarca casi todos los sectores de la actividad económica (Chong, 2016). El papel que juega la mujer rural en el área empresarial forma parte de una estrategia para subsistir y autorealizarse, aun con la problemática de conciliar sus labores productivas y reproductivas, ya por tradición, las segundas son su prioridad (Albarrán, 2017).

En México el Registro Agrario Nacional (RAN) tiene inscritas 34,281 Sociedades Rurales en todo el país, las cuales al obtener personalidad jurídica pueden establecerse como empresas especializadas en el aprovechamiento de los recursos naturales o en la prestación de servicios, en sus núcleos agrarios. En la Figura 2 se muestra los estados con mayor número de Sociedades Rurales registradas, entre ellos se encuentran: Oaxaca con 5,520; Chiapas, 4,119; Veracruz, 3,659; Sinaloa, 3,452; Sonora, 1,987; Yucatán, 1,572; Puebla, 1,569; Campeche,1,405; Hidalgo, 1,122; Michoacán, 1,099 y Tabasco con 1,017. Otros estados con una cifra importante son los siguientes: Morelos con 969; Durango, 924; San Luis Potosí, 847; Guerrero, 759; Nayarit, 677; Tlaxcala, 532; Tamaulipas, 637; y Jalisco con 312 (Gobierno de México, 2018).

Resulta fundamental impulsar el crecimiento de las empresas del sector rural utilizando los recursos disponibles, además del acceso a créditos a través de las diversas instituciones y el sector gubernamental. Para ello, es necesario establecer esquemas de financiamiento adecuados y orientados hacia una economía más solidaria, que de acuerdo con Tapia et al. (2017) ha comenzado a perfilarse como un instrumento para alcanzar los objetivos del desarrollo local, orientados hacia la transformación de la estructura productiva en las mismas localidades.

Para el caso del objeto de estudio del presente trabajo, resulta importante mencionar que los esquemas de crédito vigentes no tienen la misma accesibilidad para las empresas debido a diferentes factores: tasas de interés altas, requisitos complejos y falta de garantías. Es justamente aquí donde las empresas del sector rural presentan una mayor desventaja. Las condiciones geográficas y el desconocimiento de los programas crediticios gubernamentales impiden el acceso a los servicios de crédito que ofrecen las instituciones financieras. Esto, además, se suma a la complejidad de los requisitos que se solicitan.

De lo anterior, el objetivo del presente trabajo es que, mediante una revisión teórica, se puedan dar alternativas para establecer modelos de financiamiento comunitario que permitan atender las necesidades financieras de las pequeñas empresas del sector rural. Se parte del supuesto de que un esquema de financiamiento adecuado a las condiciones de estas empresas les permitirá tener acceso a recursos financieros para solventar algunas de las necesidades dentro de sus procesos productivos; mejorar sus condiciones de operatividad; y finalmente, incrementar su esperanza de vida.

Financiamiento en el sector rural

En México el financiamiento para el sector rural se ha caracterizado por la participación que el Estado ha tenido en él. De acuerdo con Vogel (2003), hasta la década de 1990, el financiamiento rural se caracterizó por su acentuada intervención, en la cual los créditos se dirigían a productos y actividades específicas, además de la imposición de topes a las tasas de interés y transferencia de subsidios a los deudores.

El esquema de financiamiento que se implementó durante muchos años benefició, de manera particular, a los grandes capitales, dejando de lado a los productores de menos recursos y que no tenían el conocimiento para acceder a los créditos que ofrecían instituciones como Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) o el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), quien después de 28 años de operación, y debido a serios problemas de cartera vencida y pérdidas, desapareció dando paso a la Financiera Nacional (Proceso, 2003).

También existe participación de la Banca Comercial en el sector primario. Sin embargo, esta se ha visto reducida con el paso del tiempo. En 1990 su participación en este ámbito fue del 62 %; para el 2000 bajó a 45 %; y al cierre del 2012 disminuyó a 37 %. Por tanto, en términos constantes, su participación en este mercado se redujo a la mitad, de 1990 al 2012. Campos (2017) señala que, desde el 2010, hay una tendencia en la Banca Comercial de retirarse de los municipios que tienen menos de 15,000 habitantes. Sumado a esto, y tras la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), la Banca Comercial que opera en México no ha podido resolver el hueco que la institución dejó en el apoyo a empresas del campo, incluso ha reducido su participación en el sector en un 6.4 % en términos reales a tasa anual (Gutiérrez, 2023).

Hasta 2018, en términos generales, el sistema financiero rural presentó un desempeño muy pobre, estaba altamente fragmentado e invadido por el sector informal (Campos, 2017). Una muestra de lo anterior la aporta la FAO (2012) al sugerir que solo 10.4 % de las 5.32 millones de Unidades de Producción Rural (UPR) tiene acceso al crédito. Este porcentaje es similar a 9.9 % reportado por el INEGI (ENA, 2017).

En los años más recientes, las instituciones encargadas de otorgar crédito al sector agropecuario mexicano son la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); Intermediarios Financieros Bancarios (IFB) y no Bancarios; los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); y también participan otras instituciones en una menor proporción: Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (Bancomext); Nacional Financiera (NAFIN); Sociedad Hipotecaria Federal (SHF); Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI); y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) (Espinosa y Martínez, 2017). Sin embargo, las zonas rurales siguen representando un reto para el acceso a créditos que les permitan impulsar los productos que elaboran, de manera que puedan operar como una empresa en forma, buscando activar la economía del lugar y generar empleo.

Empresas rurales y desarrollo regional

Las empresas más representativas del medio rural son, principalmente, figuras como cooperativas, comunidades o asociaciones diversas, quienes buscan dar un uso a los recursos naturales disponibles. Estas empresas desarrollan actividades como el manejo de selvas y bosques; la producción orgánica de café, cacao, miel y otros productos; el ecoturismo; la pesca responsable; el manejo de fauna silvestre y la conservación comunitaria. Hoy existen más de 2,000 empresas sociales rurales distribuidas específicamente en el centro y sur del país, y unas 18 regiones identificadas como estratégicas por su valiosa experiencia, que ha hecho en México el primer país productor de café orgánico en el mundo y el segundo país en manejo comunitario (CONACyT, 2012).

Cuando las empresas rurales se establecen en alguna región, buscan generar una nueva forma de ingresos, aprovechando los recursos naturales de los cuales disponen en la zona. Además de esto, otro aspecto de lo más relevante es la generación de empleos como una forma de que miembros de la comunidad puedan desarrollar actividades propias sin tener que emigrar. En este sentido, existe un trabajo de género muy marcado, las mujeres tienen un papel fundamental en el desarrollo de proyectos productivos que han permitido generar ingresos adicionales para las familias.

El acceso al financiamiento por parte de empresas del sector rural presenta un atraso importante. De acuerdo con los datos de FAO (2012), esto se manifiesta en el rezago de la oferta de servicios financieros, pues se tiene información de que, a diferencia de lo que reporta el INEGI a nivel general, tan solo el 6.2 % de las unidades económicas rurales tiene acceso al crédito, y de estas, solo el 9.5 % lo obtiene de la Banca Comercial.

La exclusión financiera en lo que a crédito se refiere, adaptando el concepto de la Comisión Europea (2008), puede entenderse como las dificultades en el acceso y uso de los servicios y productos crediticios en el mercado, esto implica, tal como lo menciona Zubeldia et al. (2008), que la exclusión financiera, específicamente el acceso al crédito, sea tanto una causa como un resultado de la exclusión social. Derivado de la exclusión financiera en el medio rural, se han implementado otras formas de acceso a recursos, sobre todo para el desarrollo de proyectos productivos. Dentro de estas formas se incluye el ahorro y préstamo comunitario, de los cuales existen antecedentes importantes.

En 1993 inició el proyecto de Desarrollo Rural Integral Autosostenido para los Valles Centrales de los estados de Puebla y Oaxaca (PDRIA), financiado por la Fundación W.K. Kellogg, y cuya finalidad era generar una propuesta de desarrollo que permitiera a los campesinos ser autosuficientes y capaces de enfrentar con éxito la problemática de sus actividades agropecuarias, y específicamente, buscar una respuesta alternativa al problema de financiamiento (Colegio de Postgraduados, s.f.).

Del resultado de la experiencia del PDRIA, para 1997 se implementa una nueva estrategia mejorando el método de trabajo que buscaba promover el desarrollo rural con una mayor participación de los productores en un marco de autosostenibilidad, a través del financiamiento mediante la movilización del ahorro, los préstamos y la asistencia técnica (Martínez, 2007). Esta fase operó con una prueba piloto durante 1998-2003 en comunidades de las regiones PDRIA.

Existe otro antecedente respecto a este modelo de financiamiento denominado Proyecto Cajas de Ahorro de la Fundación León XIII, quien a través de un modelo de inversión intenta lograr beneficios para las familias rurales. Este modelo opera desde los centros de desarrollo comunitarios de la Fundación en los estados de Chiapas, Oaxaca y Puebla, con programas de salud y nutrición; de formación, de medio ambiente; de desarrollo agrario y de artesanías; de economía solidaria; y de ahorro. Para 2011 contaba con 35 iniciativas en Oaxaca, distribuidas en pequeñas localidades de diecisiete municipios, y otras cinco en cuatro municipios de Guerrero, con un total de 3,910 asociados (Martínez et al., 2016).

Estas experiencias son ejemplos importantes de inclusión financiera informal y, en ocasiones, con enfoques alternativos que bajo diferentes formas jurídicas o amparados tras otras organizaciones que actúan en México (Conde, 2000). Su finalidad es contribuir al desarrollo de las zonas más rezagadas en el medio rural, al ser informales, representan una forma distinta y no reconocida de incluir esquemas de financiamiento más cercano con las personas que no han logrado tener acceso a los medios formales.

METODOLOGÍA

El trabajo realizado es del tipo documental descriptivo, lo cual implicó la recolección, selección, análisis y presentación de la información para conocer el alcance que han tenido las fuentes de financiamiento disponibles para las pequeñas empresas en el medio rural. Para ello, se requirió de una importante revisión de literatura con el propósito de identificar esquemas de financiamiento que se han implementado, su mecanismo de funcionamiento y a cuáles de ellos se ha tenido acceso.

Una vez identificados los diferentes esquemas de financiamiento y su operatividad, se podrá responder a las siguientes preguntas: ¿Las empresas del sector rural tienen acceso a esquemas de financiamiento adecuado a sus condiciones? ¿Se puede implementar un esquema de financiamiento orientado hacia una economía más solidaria con la participación del Estado? ¿Las cajas de ahorro comunitario pueden funcionar como una estrategia de financiamiento para las empresas del sector rural?

La revisión de literatura también tiene la finalidad de realizar una propuesta, esto derivado de las experiencias documentadas que se han tenido en algunas comunidades, donde han funcionado estrategias de financiamiento implementadas por las mismas empresas locales, buscando dar alternativas orientadas hacia una economía más solidaria.

RESULTADOS

En México son diversas las instituciones que se relacionan con el otorgamiento de créditos al sector rural. Las más representativas son: Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) y la hoy extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). A pesar de los esfuerzos realizados por estas dos instituciones para acercar los programas de financiamiento a los productores de menores ingresos y a las empresas del medio rural, las fuentes de financiamiento a la que siguen recurriendo son de carácter informal.

En el caso de FIRA, y en sus últimos datos publicados en su informe de avances y resultados 2022, el esfuerzo por ampliar su rango de operación hacia sectores más vulnerables es notorio. En el caso de las mujeres se otorgaron microcréditos productivos y apoyos tecnológicos para capacitación y asesoría técnica. Respecto a productores sin acceso al financiamiento se han implementado proyectos para acercar servicios financieros a algunas comunidades y programas para impulsar la inclusión financiera de las micro, familiares y pequeñas empresas en los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero y Baja California. Estos programas han operado con la participación de los gobiernos estatales (FIRA, 2022).

Respecto a la FND, de acuerdo con el informe de avances y resultados 2021, se implementaron actividades para fomentar la inclusión financiera, principalmente con los productores que están por debajo de la línea de bienestar. La intención era dar una mayor relevancia a la colocación de créditos con los pequeños productores. Este trabajo de inclusión financiera se debe ver reflejado en las zonas de mayor rezago en el país, por lo que de acuerdo con el informe se otorgó financiamiento a 142,186 acreditados finales en zonas de media, alta y muy alta marginación. El 71 % de los créditos se otorgaron en Chiapas (37 %) y en el estado de México (34 %). A través del 12.7 % de los créditos se financiaron actividades primarias, 76.3 % fueron dirigidos al sector comercial (FND, 2021).

FIRA y la hoy casi extinta FND operan con tasas accesibles. Sin embargo, sus niveles de operación han sido reducidos y los costos de transacción y las dificultades de acceso que resultan de la gestión individual del crédito lo hacen poco accesible, poco oportuno y con un costo financiero neto que es elevado. A nivel estatal, también han operado algunas otras instituciones de crédito, en un intento de acercar financiamiento a los grupos de trabajo del sector rural. Por mencionar un ejemplo, en el caso de Puebla en las sierras norte y nororiental, el acceso al crédito es extremadamente limitado, aun cuando operan empresas que ofrecen microfinanciamiento, entre las cuales destacan Banco Azteca, Compartamos, Finamigo, Banxico, Promujer y prestamistas, mismos que ofrecen tasa de interés comerciales muy altas que se ubican en un rango de 37 % a 150 % anual (Garza et al., 2018).

Los esfuerzos realizados por el Estado para la inclusión financiera han tenido algunos resultados. No obstante, el rezago continúa y en el medio rural se han implementado otras estrategias derivadas de las necesidades propias de sus habitantes. Las cajas de ahorro comunitarias han sido un ejemplo de este tipo de estrategias que fomentan la inclusión financiera de los sectores más rezagados.

Existen ya diversas experiencias respecto al funcionamiento y operación de las cajas de ahorro en comunidades rurales. Puede parecer complejo entenderlo en regiones del país donde la pobreza está sumamente marcada. La intención de realizar este tipo de propuestas es que, desde las experiencias anteriores, se amplíe el conocimiento sobre los beneficios que pueden lograrse mediante su implementación. Se sabe por estas experiencias que su principal función es generar una cultura de ahorro entre los miembros de la comunidad pero, que al mismo tiempo, este ahorro se transforme en un modelo de inversión para generar beneficios posteriores.

A partir de la revisión, las cajas de ahorro comunitario pueden operar como fuente de desarrollo para las empresas del medio rural. El esquema de ahorro debe partir del ingreso disponible de las familias, sobre el supuesto que hace Martínez et al. (2016), sobre la convicción de que las familias de escasos recursos e ingresos no solo quieren y pueden ahorrar, sino que lo hacen cuando tienen a su alcance organizaciones e instrumentos adaptados a sus particularidades.

Uno de los cuestionamientos más marcados a este tipo de proyectos son los bajos ingresos de las familias, lo cual impide una cultura del ahorro. Es necesario pues, que para ello, sean cubiertas las necesidades prioritarias de las familias, refiriéndose específicamente a cuestiones de seguridad alimentaria. En un escenario ideal para el proyecto, las cajas de ahorro comunitario tendrían que operar a la par de otros proyectos de desarrollo comunitario que incentiven la seguridad alimentaria.

Para la operación del proyecto se requiere de la aportación de un capital inicial que puede provenir del propio Estado o de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), además de la capacitación y acompañamiento adecuado para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos y operar de manera adecuada. Es necesario que la institución que aporte el capital inicial dé seguimiento a la operatividad del proyecto.

La operatividad de las cajas de ahorro debe estar a cargo de las personas de la misma comunidad, elegidas por ellos mismos. Además de esto, las reglas de operación, montos de ahorro, tasa de interés y multas, serán diseñadas por las personas que puedan integrarse al proyecto. La razón principal de esta forma de operar es generar confianza en la comunidad, esto derivado de experiencias previas relacionadas con fraudes.

Si bien es cierto, las cajas de ahorro comunitarias al no tener un registro oficial, son catalogadas como fuentes de financiamiento informales, representan una alternativa de acceso a recursos financieros por parte de los sectores más rezagados en el medio rural. El trabajo de revisión de literatura realizado permitió identificar algunos proyectos comunitarios de ahorro que han funcionado y, que además, han impulsado a grupos que trabajan con proyectos productivos en algunas de las regiones con mayor grado de rezago en el país.

CONCLUSIONES

En México la exclusión financiera sigue representando un reto pendiente por atender. Si bien es cierto, y de acuerdo a lo que se encontró en la revisión de literatura, los esfuerzos del Estado a través de sus instituciones han logrado avanzar en algunos aspectos como ampliar la cobertura y características de los créditos que se ofrecen. Algunos de los ejemplos de estos esfuerzos son: microcréditos productivos; ampliación de los servicios financieros a comunidades; y atención a productores por debajo de la línea de bienestar.

Existe aún un importante sector dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país que se ha visto limitado para el acceso a algún tipo de crédito. Dentro de este sector se encuentran las empresas rurales, quienes por las condiciones de rezago de muchas de las regiones del país, desconocen sobre los programas que operan y a los cuales pueden tener acceso. A esto, se suma la complejidad de las reglas de operación o las garantías que solicitan.

En el caso del microfinanciamiento privado que ha crecido durante los últimos años, la principal problemática se encuentra en las altas tasas de interés y los pagos, que aun cuando sean pequeños se extienden a periodos muy largos. Resulta necesario diseñar esquemas de financiamiento adecuados a la particularidad de las empresas del sector rural. Existe un avance en este sentido y es a partir de ahí que se debe tomar como experiencia para identificar la funcionalidad de replicarlo y mejorarlo, adaptando las diversas estrategias implementadas a las particularidades de este tipo de empresas. Recordando que a través de ellas se busca generar ingresos y empleos para las personas de la región.

El proyecto de financiamiento sobre las cajas de ahorro ha resultado ser una de las estrategias funcionales desde diferentes escenarios. Por un lado, permite que las personas se involucren en el ahorro, diseñando la forma de operación que pudiese resultar funcional de acuerdo con sus condiciones. Por el otro, obliga a las personas a involucrarse en el diseño de sus propias reglas de operación, montos de ahorro, tasa de interés y sanciones a implementar.

Para la implementación de cajas de ahorro comunitarias, resulta necesaria la participación activa del Estado, pues se requiere de un capital inicial que permita dar inicio a su operatividad. Además de ello, se puede complementar con proyectos de desarrollo comunitario que permitan mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de la población.

Referencias